miércoles, 20 de junio de 2012

Peña Nieto, López Obrador y Vázquez: sus propuestas de Estado


 Peña Nieto, López Obrador y Vázquez: sus propuestas de Estado

Alán Aviña

Estamos a poco más de diez días de terminar las campañas presidenciales. El primero de julio elegiremos al próximo presidente de México por seis años, y con él a una estructura estatal y de políticas públicas que determinará un posible desarrollo futuro en el país, especialmente en la coyuntura en la que se encuentra México a partir de rasgos que le dan particularidad al contexto como la violencia, el crimen organizado, la pobreza, la crisis económica, etcétera.
            En este escrito trataré de describir e interpretar las posibles nociones de Estado implicadas en las propuestas de campaña de los principales candidatos. También, trataré de prolongar esa descripción hacia una interpretación hipotética del posible funcionamiento futuro de la figura del Estado en México.
Peña Nieto: Estado y ejecutivo fortalecido
            Primero, la idea del candidato Enrique Peña Nieto prolonga, por lo menos en su interior la idea de un Estado adelgazado, pero también con un ejecutivo fuerte, en detrimento del poder que podría representar el legislativo. Peña Nieto propone reducir por lo menos 32 senadores y 100 diputados[1]. Esto podría representar el regreso de un esquema presidencialista, donde desde el ejecutivo se controlen las reformas, que un ambiente democrático sano serían  logradas en consenso. Sin embargo, las reformas fundamentales, por ejemplo la Ley de Víctimas[2], recientemente aprobadas, no deben de surgir de una mayoría lograda a través de un esquema de proporción lograda a través de la reducción de contrapesos al ejecutivo, sino a través de consensos generales, en temas que afectan al país.
            La propuesta del Estado planteada por Peña Nieto, intenta fortalecer al Estado en sus funciones, sin embargo funcionando bajo un esquema clientelar y de camarillas políticas, cómo se ha documentado ampliamente en 70s años de Priismo, y en antecedentes en los estados que gobierno el PRI. El reciente caso de Yarrington en Tamaulipas, ilustra una degradada idea de estado desvanecido ante los embates de grupos de interés. El crimen no es el único grupo interesado en que el Estado con una fuerza importante en seguridad pública les atienda con prioridad sobre los asuntos que respectan a un desarrollo en connivencia. Estos pueden valerse del Estado para lograrlo, y el Estado se vale de ellos para preservarse en el poder, mediante mutuos pago de correspondencia. Peña Nieto y el PRI, podría lograr importantes acuerdos con organizaciones públicas, privadas, organismos empresariales, inclusive con el crimen organizado para lograr una pacificación del país,  sin perder el monopolio legítimo de la violencia, cuestión de las más importantes en el contexto de violencia y crimen organizado. Sin embargo, esta cuestión puede entrañar una desproporción del Estado en el uso de su fuerza contra grupos contrarios a sus clanes políticos y de poder, y las posibles violaciones a derechos humanos podrían ser más frecuentes, aunque eso no implica que se conozcan a profundidad las cosas.
            El Estado fortalecido, desde el ejecutivo puede proveer servicios asistenciales y subsidiarios importantes, pero parciales y políticamente distribuidos. Puede el PRI abrir paso para que distintos grupos de poder logren un desarrollo político y económico importante, cuidando que el Estado sea el principal benefactor y regulador de las actividades. Peña Nieto sabe negociar y aliarse en bien de un objetivo, cosa que podría beneficiar al país en su pacificación. Empero detrás estará el Estado como forma de institucionalizar la corrupción, el clientelismo y también como reproductor principal de las estructuras de desigualdad social, política, económica y de derechos humanos.
López Obrador: Estado benefactor
La propuesta reconocida de AMLO versa sobre el estado de bienestar, que intenta reducir la brecha de desigualdad que podría ser una parte detonante de problemas como la delincuencia organizada. Sin embargo, no es el único factor que podría darle elementos al Estado para combatir al crimen organizado, ya que este surge por múltiples factores, uno de ellos es la pobreza y la desigualdad social.[3] Sin embargo, esto daría una legitimidad y una percepción positiva a la figura del Estado, como lo ha sido en el DF. El desarrollo del área social puede implicar una percepción positiva del Estado que crea confianza en grupos de poder progresistas. La figura de la procuración de justicia y la seguridad pública, es una figura que debe encaminarse a fortalecer desde adentro, primero para librar de corrupción a esas instituciones, segundo para lograr una eficacia que termina con la impunidad. Aunque López Obrador se pronuncia sobre eliminar la corrupción, si propuesta aunque interesante, no termina por dar la certeza de que puede lograrlo. El plantea un gabinete honesto que pueda ser un paliativo a la corrupción, pero, podemos identificar la corrupción como un vicio institucional, y no meramente personal. La noción de lo público en México, cuestión meramente cultural, está basada sobre el eje del botín. Cabe destacar que el espacio público, por ejemplo, se deteriora no nada más por malos materiales y falta de mantenimiento, sino también por el mal uso devenido de una falta de consciencia sobre lo público. Pocas veces se discuten las políticas públicas en la sociedad civil, porque culturalmente no pensamos en lo público como también nuestro, y de todos los demás. En ese sentido, los posibles gabinetes de AMLO podrían toparse con la pared ampliamente compleja de la incorporación cognitiva, como disposición duradera del organismo de la noción de lo público como botín, y de la corrupción como medio aplicable a fines específicos, no legales, pero legítimos en cuanto es una práctica no regular, sino aceptada culturalmente.
            La figura del Estado de AMLO es más fortalecida estructuralmente, con un esquema de participación mayor, de procuración de bienestar común como forma de legitimidad política. Su propuesta incluye un desarrollo a largo plazo, para fortalecer actividades básicas que la dan la razón de ser a la figura del Estado, una el monopolio de la violencia; dos el monopolio fiscal con medidas progresivas bajo la idea de justicia social, y tres el monopolio en la procuración de justicia, y cuarto y último, gestor principal de servicios públicos. Esos cuatro puntos, son básicos del Estado, pero estos se desdibujan ante las políticas neoliberales, impulsadas y fracasadas por un Estado institucionalmente débil, incapaz de modernizarse en sus funciones, incapaz de profesionalizarse a partir de perfiles y prácticas institucionalmente aceptables.
            El monopolio de la violencia, es una cuestión tímidamente abordada, si bien, intenta preservar y limpiar instituciones de seguridad pública, no prevee que en el contexto más inmediato estas son necesarias para la lucha contra el crimen. El esquema policiaco que propone aboga más por la prevención, cuestión encomiable dentro de un Estado, pero surge la duda si este tipo de modelo podría hacer frente al crimen organizado, especialmente cuando estos se han fortalecido con armas de gran calibre, capaces de cimbrar a las figuras de seguridad. El monopolio fiscal es un tema fuerte en su agenda y parece viable, sin embargo será un tema duro en las cámaras, en caso de reformas, y será  duro como legitimidad, por el hecho de aparecer como figura que impone medidas impositivas ya establecidas, cuestión que surge y se agrava por la falta de compromisos en materia de impuestos. Esto podría afectar básicamente en la imagen de los gobiernos. La procuración de justicia es un tema relevantísimo que abona a la lucha del crimen organizado. Por el hecho de que la impunidad aunada a la corrupción, permite que el crimen organizado sea prácticamente intocado. Esto no se ha logrado ejemplificar más claramente cómo se va a lograr, especialmente cuando hemos sido tan escépticos respectos a estos problemas tan añejos en México, que por su misma institucionalización y adopción en el marco de valores general, parecen insustituibles por otros esquemas más proclives a los ciudadanos comunes. Su punto más fuerte es la provisión de servicios públicos más importantes. Sus ideas respecto a PEMEX, Desarrollo Social y combate a la pobreza, de Salud, Infraestructura, etcétera, son elementos indicadores de su compromiso por una base social de desarrollo. La gran interrogante será cómo se logrará sin tener déficit presupuestal, que estos implican gastos exorbitantes en las arcas estatales. Los esquemas de subrogación y privatización se crearon principalmente como adelgazadores de la gran burocracia. La creación de burocracia parece inminente en este caso, o en caso excepcional lograr mayores efectividades a partir de la profesionalización de los perfiles de las personas de las secretarías integradas en el ramo social. Las posibilidades de la atenuación de la pobreza, creará una clase media amplia dependiente de servicios de educación, salud, servicios públicos e infraestructura, que muchas veces el Estado se limita a proveer. ¿Cómo podrá lograr AMLO esto? Sigue siendo una interrogante importante de escuchar.

Josefina Vázquez Mota: Estado regulador
El Estado planteado por JVM implica una visión reguladora de la vida pública, como ha sucedida en doce años. Este esquema permite y es respetuosa con las libertades civiles, contrariamente a lo que podría pasar con Peña Nieto. Sin embargo, significa una idea neoliberal que no resuelve problemas de fondo como la corrupción, la violencia y la desigualdad social. En efecto, su esquema podría multiplicar las desigualdades sociales, o también crear una clase media desempleada, con altos niveles de educación pero que no logra espacios de desarrollo profesional. Su propuesta está enfocada básicamente en la estabilidad económica en el corto plazo, pero en detrimento de un crecimiento sostenido, especialmente porque no atiende los problemas estructurales mayores como la violencia y la corrupción.
            Su idea es la colaboración y está abierta a ideas importantes para la conducción del país[4]. Punto importante que identifica su afán por una vinculación ciudadana en temas meramente graves, aún así su Estado es una idea de gestor de condiciones favorables para la economía, su déficit fiscal se podrá preservar a expensas de firmas y convenios con organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial o el BID, pero su esquema de atención social sólo paliará la pobreza inmediatamente, más no a mediano y largo plazo. Su idea es una Estado neoliberal. Lerner (1994) propone que lo que define al neoliberalismo es: “la libre competencia en el intercambio internacional de mercancías y el hecho de que esta competencia determine quienes podrán exportar y sobrevivir para obtener las ganancias de dicha globalización” [5] Si bien, señala la autora que la estrategia neoliberal ha tenido efectos positivos como el acercamiento de productos a bajo costo a las clases populares y la conformación de una sociedad civil capaz de movilizarse políticamente, lo que más destaca son los efectos negativos en el plano social.  Sostiene Lerner (1994) que por primera vez en la historia de estrategia liberal el crecimiento económico está acompañada de desempleo. [6]Otro efecto importante es la desatención del Estado ante la cuestión social, pues concentra sus fuerzas en guiar la transición económica y destaca
no es extraño que cuando los Estados dejan el financiamientos y control de la política social en manos de fuerzas privadas, los servicios se vuelvan más caros. El Estado actúa en el renglón social con criterios de beneficio social y de asistencia administrativa; asimismo, proporciona los servicios de manera gratuita. En cambio, la iniciativa privada (al intervenir en lo social) busca expansión, poder y ganancias económicas” (Lerner, 1994; 17).

            Vilas (1994) argumenta que la política social en el neoliberalismo se asume como un gasto, no como inversión, y citando a Brodersohn (1992) considera que el concepto de desarrollo social se diluye y cede terreno al de compensación social[7].
      La idea de Josefina descansa en esta idea, de gestor del desarrollo, pero desatendiendo cuestiones básicas, inclusive con visiones a corto plazo, basadas en ideas simple, como el ataque frontal al narcotráfico. En términos de  la política social inscrita en esta idea desarrollada anteriormente, descansa sólo en afectos de atenuación de la situación que el neoliberalismo ha recrudecido a partir de su incorporación en la política económica mexicana. Los programas –algunos asistencialistas otros no- se concentran en áreas nimias de la vida social, contrariamente a la política social explicitada en el trabajo de Gortari y Ziccardi (1994), donde destacan que en el periodo corporativista del Estado, posterior a 1940 y anterior a 1982, la política social cubría bastantes áreas de la vida social, desde el empleo, la seguridad social, vivienda, pensión y jubilación, entre otras. Ahora la mayoría se activan como elementos bomberiles contra la crisis de acceso equitativo a recursos. Este programa aunque integral, sigue mostrando las caras de la política social neoliberal, además se ejemplifica el recorte de gasto social en los gobiernos, pues unas de las limitaciones es precisa la falta de presupuestos.  
            Aforismo final: Josefina nos ofrece estabilidad económica, posibilidades de inversión, garantías democráticas. López Obrador desarrollo social, combate a la impunidad y profesionalidad del Estado. Peña Nieto pacificación del país a corto plazo, policías fortalecidas y un gobierno capaz de mantener a raya al crimen mediante la mediación y la connivencia. Cosas que podrán beneficiarnos, sólo hay que ver cuáles podría ser prioritarias.

  
           




[2]El informador. Com. Senado Aprueba Ley de Víctimas. Revisado en: http://www.informador.com.mx/mexico/2012/372084/6/el-senado-aprueba-ley-de-victimas.htm
[3] Véase. Conferencia Eduardo Buscaglía. La paradoja de la represión. Pronunciada en Casa de América. Vista en http://www.youtube.com/watch?v=Mg20OkOA8Nc
[4] Para validar esta idea expresada por mí, véase el texto de Héctor de Mauleón. Josefine Peleando a la contra, en Revista NEXOS, revisado en: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102724
[5] Lerner Sigal, Bertha (1994) “Globalización, neoliberalismo y política social”.  Documento presentado en seminario “Las políticas sociales de México en los noventas”. UNAM, 4-5 de julio de 1994, pag. 13.
[6] (Ibídem; 15).
[7] Brodersohn, 1992; citado por Vilas, 1994; 116).

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